A menudo algunos políticos acosados por sospechosas casualidades, informaciones no desmentidas y hechos constatados que ponen en duda su honradez, suelen apelar astutamente a la presunción de inocencia. Pero existe aquí una perversa confusión. Naturalmente en nuestro sistema jurídico todo ciudadano es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y los políticos, en cuanto ciudadanos, también. Faltaría más. No obstante, se mezclan intencionadamente dos mundos distintos: el ámbito de lo jurídico y el ámbito de la función pública.