sábado, enero 07, 2017

CONSTITUCIÓN, DERECHOS SOCIALES Y OTRAS COSAS


El llamado Estado social que ha mejorado la existencia de muchos seres humanos es algo asumido y celebrado por casi todos. Y se manifiesta como bien intencionados principios en prácticamente todas las constituciones modernas. Pero es pertinente resaltar que los llamados derechos sociales son esencialmente diferentes a los derechos civiles y políticos. Hasta tal punto que incluso podríamos cuestionar que si son derechos en sentido estrictamente jurídico los primeros quizá no deberíamos llamar derechos a los segundos. Los derechos civiles y políticos son fundamentales. Y no es esta un declaración retórica para resaltar su importancia. Son fundamentales porque fundan. Y lo que fundan es la Constitución que inaugura una nueva era política en Occidente centrada en la dignidad del ser humano y el respeto a sus libertades. Al ser previos a toda estructura política los revolucionarios franceses y americanos exigían su reconocimiento al Estado, no su creación. Así pues, los derechos fundamentales son una defensa ante los posibles excesos del Estado. Exceso constatado por las precedentes monarquías absolutas. Los derechos fundamentales pueden ser reclamados individualmente al Estado, y este, en justa correspondencia, resolver la demanda. ¿Ocurre lo mismo con los derechos sociales? Si la reclamación es individual ya no es social y si el Estado no puede resolver la demanda, tampoco en puridad es derecho. Esto es lo que sucede por ejemplo cuando un ciudadano desempleado exige que se cumpla su derecho a un trabajo y el Estado no lo resuelve adecuadamente. Quizá por esta razón Carl Schmitt señalaba que los derechos sociales pueden estar o no en la Constitución, pero no son Constitución.
Más allá de los servicios que el Estado ofrece para evitar una vida miserable y procurar mayores cuotas de bienestar social para todos, hoy el afán de constitucionalizar derechos que rebasan el ámbito de los derechos fundamentales e incluso de los básicos servicios sociales responde a la extendida estrategia de hacer política a través de un lenguaje jurídico. Y de hecho la mayor declaración política que se puede hacer en la actualidad es trasformar cualquier proclama ideológica en derecho. La declaración es apoteósica si exigimos incluir este derecho en la Constitución. Proclamar que hay un mundo mejor al que podemos aspirar, un mundo de amistad, solidaridad y amor suena demasiado poético y poco movilizador. Pero si gritamos en un mitin que tenemos derecho a la amistad, a la solidaridad y al amor, el mensaje se torna más rotundo. No digamos si exigimos que tales derechos se incluyan en la Carta Magna, único objeto cuasi sagrado en la secularizada sociedad moderna. Casi todos admitimos hoy que el Estado debe ofrecernos algunos servicios: infraestructuras, ayuda a los necesitados, educación y sanidad dignas para todos, por ejemplo. Y asumimos que para este fin el Estado merme nuestra hacienda. Pero también deberíamos ser conscientes de que una vez admitida esta donación del Estado, el Estado puede intentar donarnos maternal y generosamente otras muchas cosas quizá no tan claramente beneficiosas. Seguro que siempre lo hará retóricamente por nuestro bien, aunque no siempre con nuestro permiso. Y estas otras cosas aparecerán siempre en el lenguaje político como derechos sociales. Y aquí es donde los derechos fundamentales se revelan como esencialmente diferentes. Los primeros son nuestros instrumentos para defendernos de los excesos del Estado. Los segundos, exclusivos derechos del Estado que buscan justificar sus excesos.
       ¿Cuáles son esas otras cosas? En realidad todos los derechos que no son los políticos y civiles se introducen en la legislación por la puerta de los llamados derechos sociales, tanto si son servicios sociales como si no lo son. Incluido el ecologismo mal entendido. Que admitamos que es un derecho social el disfrutar de parques y bosques no debería implicar que una planta tenga derechos, obviamente. No es hipérbole. A este respecto Dave Foreman, cofundador de Earth First!, llegó a decir: "La Tierra tiene cáncer, y ese cáncer es el hombre".Mutatis mutandis con los movimientos animalistas extremos. Se pasará, sin solución de continuidad, de asumir que no debemos maltratar a los animales a considerar asesino al conductor que atropella una ardilla que se cruza inesperadamente en la calzada. Derechos vegetales y animales, ¿por qué no constitucionalizarlos? Por este camino tendremos un libro al que llamaremos constitución que en el mejor de los casos describirá una bonita utopía. En el peor, un pesadillesco galimatías atiborrado de proclamas ideológicas oscuro y tenebroso como la niebla. Complejidad y laberinto que solo puede beneficiar a los tiranos dispuestos a hacer ley de su voluntad. En cualquier caso, no tendríamos Constitución alguna. Nuestro utópico o laberíntico libro daría paso así a un Estado omnímodo con licencia para intervenir en todos nuestros asuntos con el bien social, ambiental o ecológico como excusa. Es decir, un Estado metomentodo empeñado en crear al hombre nuevo con sofisticadas técnicas de ingeniería social: ¿la forma amable de un estado totalitario? Probablemente. Jouvenel apuntaba a un Estado Minotauro, poderosa máquina de legislar que se cuela en todos los rincones de la sociedad. Pensado para la seguridad, se convierte así en la causa de la intranquilidad y, como el Minotauro mítico, exige vorazmente constantes sacrificios. Sacrificio de vidas humanas en la guerra y de libertades en la paz. Totalitarismo en nombre del bien, de lo políticamente correcto y de la opinión de moda. Este es el camino emprendido por la llamada ideología de género asumida cada vez más por el Estado, por poner un ejemplo lo suficientemente esclarecedor. En virtud de esta ideología el deseo subjetivo se convierte en fuente de derecho, pues el deseo de ser hombre o mujer prevalece sobre cualquier otro criterio de demarcación dado por la ciencia, la costumbre, la tradición o la mera evidencia empírica. ¿Tengo derecho a ser reconocido y tratado por la administración como Napoleón porque me siento Napoleón? En otros tiempos esto se llamaba locura, hoy es la normalidad. Asimismo la presunción de inocencia de todo ciudadano ante la ley, pilar básico de todo Estado de Derecho, se vulnera en el caso de un varón en relación con su pareja femenina. Y el hombre tendrá la penosa tarea de demostrar su inocencia ante la acusación de la mujer que se considere maltratada. Aunque quien tendrá que demostrar su inocencia será en realidad su abogado, pues el hombre, esté o no fundada la acusación, dormirá una o dos noches en el calabozo hasta que se resuelva la cuestión. Aunque tales leyes no hayan llegado a la Constitución, sorprendentemente operan de facto en la sociedad a pesar de su explícita inconstitucionalidad y, tal como están las cosas, no es disparatado que se incluyan en una futura reforma constitucional, siquiera para evitar esta incoherencia.  Su puerta de estrada será sin duda los derechos sociales. Aun siendo grave el predominio de la ideología de género, lo es más el precedente legal de retornar al derecho penal de autor. Esto es, juzgar por lo que somos y no por lo que hacemos. Si la estadística, en muchas ocasiones sesgada y amplificada por los medios de comunicación, asigna mecánicamente culpabilidad a colectivos sociales, ¿en un futuro no muy lejano tendrá un gitano que demostrar su inocencia ante la acusación de un robo cualquiera?, ¿tendrá que demostrar que no es culpable un colombiano acusado de tráfico de drogas? Atendiendo a los datos de criminalidad en Nueva York, ¿deberán demostrar los negros que no son asesinos? Aviso para navegantes: una Constitución que menosprecie la libertad, la presunción de inocencia y el control del poder estatal (aunque sea con las mejores intenciones), no es Constitución.

miércoles, noviembre 23, 2016

NACIONES, NACIONALIDADES Y REGIONES

Me imagino a los padres de la Constitución del 78: unos insistiendo en incluir la palabra nación y otros aferrados a la palabra región. Ni para ti ni para mí, pongamos nacionalidades, debió de decir algún iluminado. Y aquí seguimos, peleándonos por las palabras. Cierto que nacionalidades no son regiones, pero no es menos cierto que tampoco son naciones. Obviamente no es lo mismo decir tengo la nacionalidad española que tengo la nación española, ¿verdad? Y eso deben pensar los nacionalistas. De ahí el cansino empeño del PNV en la palabra nación. Y ante tal empeño, el PSE se muestra conciliador: denominemos nación a Euskadi con ocasión de la futura reforma del Estatuto de Gernika. Total, solo se trata de palabras. ¿Vamos a discutir por eso?

Para ilustrados y liberales del siglo XIX la nación la componían los habitantes del Estado que tenían conciencia política. En cambio los románticos la entendieron siempre como el conjunto de individuos que poseen costumbres y tradiciones comunes. Hoy a la primera la llamamos nación política y coincide con los ciudadanos del territorio de un Estado. La segunda es la nación cultural y suele estar repartida en distintos estados o pertenecer, junto a otras regiones, a un solo Estado. Nación política tiene un claro significado jurídico, pero nación cultural es una expresión con sentido sociológico. Mutatis mutandis con el término Estado. California es denominada Estado, pero sin soberanía; equivalente a una comunidad autónoma o a una región. Pero EE.UU o España son estados soberanos.

El PSE admite el término nación en su acepción cultural y es de suponer, acorde con su planteamiento federalista, que no tendría ningún problema en asumir también que Euskadi y Cataluña fuesen denominados estados. Siquiera al modo en que lo son California y los Länder alemanes: estados sin soberanía. Pero si no pretenden cambiar sustancialmente la realidad, ¿tiene algún sentido cambiar las palabras? Pirrón, el filósofo escéptico, solía decir que entre la vida y la muerte no había ninguna diferencia. Un avispado crítico le espetó: ¿por qué no te mueres entonces? Y Pirrón contestó de forma contundente: por eso, porque no hay ninguna diferencia. Ante la demanda de nuevos significantes para las mismas realidades deberíamos de ser igual de contundente: si no hay sustancial diferencia, ¿por qué cambiar? Pero la cuestión es que los que insisten en sustituirr las palabras sí que piensan que hay diferencias. De ahí su empeño. Quebrada la lealtad constitucional de los partidos nacionalistas, toda negociación al respecto esconde siempre una segunda derivada. ¿Soy demasiado susceptible? Conseguida la denominación de nación para Cataluña y País Vasco es obvio que será más fácil reclamar que son una nación política. Y aceptar la palabra Estado al modo en que lo es California para reclamar después soberanía, al modo en que son soberanos el Estado Español o EE.UU, es una consecuencia fácilmente deducible. Palabra a palabra hasta el objetivo final.

Antaño las batallas se ganaban con las armas. Pero hoy se ganan primero en el lenguaje. El pensamiento y los hechos son meras consecuencias. El materialismo histórico de Marx y el idealismo de Hegel están pasados de moda. La Historia no la mueve la infraestructura económica y tampoco el pensamiento. La mueven las palabras. Son las palabras mismas, mondas y lirondas, en su función conativa, las que cambian la realidad y el pensamiento. Antes de significar algo o referirse a algo, las palabras son mantras con poder hipnótico, recipientes de profundas emociones, sonidos mágicos que me dicen si soy de los buenos o de los malos, si quien las dice es de los míos o de los otros. Pobre de aquellos que subestimen el valor de las palabras, aquellos que suelen decir: ¿total, vamos a discutir por una palabra? Al despreciar el valor de las palabras, empezamos diciendo lo que no pensamos y acabamos haciendo lo que no queremos. Y es que las palabras nunca son inocentes en boca de los políticos. Y mucho menos en las orwellianas sociedades del siglo XXI. Pervertir el significado de los términos, imponer ciertos usos lingüísticos y estigmatizar otros, abundar en la ambigüedad de vocablos fetiches y dominar la red y los demás medios de comunicación con simples consignas carentes de profundidad y consistencia es la tarea de la nueva guerrilla. En el momento en el que nos acostumbremos a utilizar la palabra nación para referirnos a Cataluña o al País Vasco y llamemos Estado a sus instituciones, estaremos a un paso de escribirlo en un texto legal. Si esto ocurriera la nación española, es decir, la nación política española, dejaría de existir. Y España, o quizá Estepaís, se convertiría de facto en una confederación de estados enredada en múltiples soberanías. Las palabras habrían cambiado insidiosamente la realidad, y los prestidigitadores de las palabras habrían ganado a fuerza de torturar el diccionario y banalizar el lenguaje. Y lo habrían hecho sin heroicas batallas. Al modo en que solía ganar Cantinflas, por aturdimiento lingüístico y volviendo completamente locos a sus adversarios dialécticos.


 Artículo publicado el 16 de Diciembre en el diario INFORMACION de Alicante.

miércoles, septiembre 07, 2016

SISTEMA ELECTORAL


La culpa de que sigamos con un gobierno en funciones no es de la abstención del PSOE ni de la rigidez de Rajoy, sino de nuestro sistema electoral. A menudo pensamos que esta cuestión es baladí, que lo importante es elegir a los diputados por medio de un voto y lo de menos es el modo. Pero lo cierto es que la forma en la que elegimos a nuestros diputados es una pieza clave. Con ella comprometemos el mismo sistema representativo, pues el procedimiento electoral proporcional de listas, vigente en nuestro país, pone en cuestión la misma esencia del parlamentarismo. ¿Podría ocurrir un bloqueo institucional parecido con procedimiento electoral de mayorías? Quizá, pero sería altamente improbable.
El Parlamento representativo clásico es una herencia liberal que se pone en práctica por primera vez en Reino Unido, se generaliza en el continente europeo tras la Revolución francesa y se mantiene vigente durante prácticamente todo el siglo XIX. Los diputados son elegidos para defender los intereses de sus distritos y los de la nación. Los ciudadanos eligen a un representante por distrito usando el sistema electoral de escrutinio uninominal mayoritario: el candidato con más votos gana. Los representantes tienen libertad de conciencia, pero están sometidos a tres lealtades que no siempre pueden conciliar: a los ciudadanos del distrito por el cual fueron elegidos, a los principios ideológicos básicos de su partido y a la propia nación. La conciencia libre del representante habrá de dirimir los posibles conflictos entre ellas, pues no debe obediencia a nadie.
El sistema clásico de representación es clásico, sí, pero no obsoleto o ineficaz. Si insisto en la palabra clásico es porque considero que tiene la dignidad suficiente para ser modelo a imitar. Hoy en día sigue vigente en Reino Unido y en Francia, dos grandes países de los que tendríamos seguramente algo que aprender. En Reino Unido el candidato de distrito sigue eligiéndose a una sola vuelta, pero en Francia, desde la V República, lo eligen en una segunda vuelta si nadie ha conseguido mayoría absoluta en la primera. El sistema se perfeccionó. Sin embargo en el siglo XX en el resto de Europa se impuso el sistema de listas proporcional de elección. Desde la Transición está vigente también en España. ¿Fue un error? Juzguen ustedes tras la comparativa con el sistema británico.
En Reino Unido es la militancia del partido la que elige al candidato. Cierto que el partido puede proponer uno, pero en cualquier caso debe ser admitido por las bases del distrito correspondiente. Sin embargo, en España el jefe del partido elabora con mano de hierro las listas electorales de todo el país.
Los grandes partidos británicos concentran en una dirección nacional las decisiones políticas fundamentales: lo que da entidad ideológica al partido. ¿Se podría decir entonces que los electores británicos votan pensando en su partido y no en el diputado? Quizás, pero cada diputado tiene una oficina en su distrito y parte de su trabajo es estar allí para atender a sus vecinos. Los electores votarán por intereses nacionales o por cuestiones locales. Y, algunas veces, por ambas cosas. A saber. Pero en cualquier caso votan a una persona. Y esta persona, no el partido, será el responsable de sus decisiones políticas. En España votamos a una lista en la que no conocemos a la mayoría de los candidatos. Además es impensable que nuestros diputados nos concedan audiencia para atender a los problemas de nuestro barrio. ¿Verdad?
Ciertamente en todos los países los partidos políticos intentan imponer su disciplina, pero el sistema electoral español consigue de los diputados una obediencia ciega impensable en Reino Unido. En el Parlamento británico los miembros del gobierno se sientan en el primer banco. Tras ellos se sientan los diputados más afines y obedientes: los que forman parte de la estructura del partido. Pero los diputados que están situados más atrás están menos involucrados en esta estructura y son más independientes. Aunque el jefe dictase una orden, pueden incumplirla si su conciencia y su distrito lo aconsejan. Se produce así cierto equilibrio inestable que hace del Parlamento una institución viva y verdaderamente deliberativa. Los ejemplos son múltiples. Muchos parlamentarios laboristas se rebelaron contra la postura oficial de su partido en las votaciones sobre la guerra de Irak y, en cierto modo, los gobiernos de Margaret Thatcher y Tony Blair cayeron por la oposición de parte de sus diputados. Nada parecido a esto sería posible en España donde las sesiones parlamentarias son una sucesión de monólogos llenas de consignas partidarias. La razón es que nuestros diputados solo rinden pleitesía a su secretario general: su único jefe.
En fin, las preguntas son obligadas: con un sistema electoral uninominal de mayorías, ¿seguiría siendo Rajoy el jefe del PP?, ¿seguiría siendo Sánchez el líder del PSOE? Y en cualquier caso, ¿seguirían los ochenta y cinco diputados del PSOE obedeciendo como clones y votando no en la investidura?, ¿cuántos diputados del PP dejarían de votar al candidato actual de su propio partido?
 Publicado en el diario INFORMACION de Alicante el día 6 de septiembre de 2016

lunes, agosto 15, 2016

MANDATO IMPERATIVO

En 1927 el jurista alemán Heinrich Triepel denunció en un discurso rectoral que el Parteienstaat (Estado de partidos) descansa sobre una contradicción insoluble: la prohibición de mandato imperativo establecida en todas las cartas constitucionales. Según Trepel el Estado de partidos no hallará legitimidad jurídica mientras tal prohibición perviva. 

 El discurso se publicó en 1927 en un opúsculo titulado La Constitución y los partidos políticos. En el presente escrito indagamos en el origen histórico de tal prohibición y en las posibles causas y consecuencias de su permanencia.


En la Francia estamental los diputados del Tercer Estado eran elegidos en sus respectivas provincias. Los electores dictaban a sus elegidos ruegos y precisas demandas que quedaban plasmadas en el cuaderno de quejas y que habrían de exponer al rey. El guión era férreo, pues ningún diputado podía añadir o quitar nada a tal documento si no quería ser revocado por sus electores. En virtud de un rigurosos mandato imperativo, el diputado era tan solo un emisario o un mero portavoz.
Después de 175 años sin ser convocados, en 1789 los Estados Generales se reúnen por petición del rey. La razón del monarca era tratar una grave crisis económica, pero los representantes del Tercer Estado traían demandas de índole político que pasaban por mermar el poder del rey, de la nobleza y el clero. El rey se niega y la revolución se pone en marcha. El primer acto revolucionario de los representantes del Tercer Estado fue romper con el mandato imperativo para, acto seguido, proclamarse representantes de la nación francesa y dotarse de una constitución. La prohibición del mandato imperativo se mantuvo vigente desde entonces. Libre de servidumbres, el representante de la nación podría actuar con libertad de conciencia: la asamblea nacional pretendía así convertirse en un verdadero parlamento donde se discutiesen, decidiesen y promulgasen las leyes que habrían de afectar a toda la nación. El fundamento teórico de tal prohibición lo encontramos en Rousseau. La voluntad general emana de una asamblea popular donde todo el pueblo está presente. Si el ciudadano está defendiendo solamente intereses particulares, ya sea de su provincia, de su tribu o de cualquier asociación o comunidad, la asamblea se pervierte y la voluntad general se malogra. Por eso Rousseau estaba en contra de toda asociación o grupo de interés que mediase entre el ciudadano y el Estado. De acuerdo con este planteamiento la asamblea francesa promulgó en 1791 la ley Le Chapelier cuyo articulo 2 dice literalmente lo siguiente: Los ciudadanos del mismo oficio o profesión, empresarios, comerciantes, artesanos, obreros y artesanos de cualquier ramo, no pueden, cuando están juntos, nombrar presidente, secretario o síndico, llevar registros, promulgar estatutos u ordenanzas ni tomar decisiones, ni imponer normas en su interés común. En virtud de esta ley, toda asociación era considerada delito. Y así fue hasta 1864.
Rousseau describió su particular modo de organizar la política pensando en pequeñas comunidades; semejantes a su Ginebra natal o a las antiguas polis griegas. La asamblea la conforman los ciudadanos mismos y no existen representantes. Pero debido a la complejidad y tamaño de los nuevos estados, el pueblo en su totalidad no puede conformar una asamblea. Por eso al planteamiento de Rousseau, Sieyès y los revolucionarios franceses le añaden el principio de representación política: la asamblea popular es sustituida por la asamblea nacional y representativa. Serán los representantes del pueblo, elegidos por mayoría uninominalmente y por distritos, los que deberán manifestar la voluntad general.
            Sin embargo es claro que la conciencia libre de los representantes no opera en el vació. Cierto que todos están dotados de razón, que diría Rousseau, pero esta idealizada Razón no basta para garantizar la uniformidad de opinión en el mundo real. Cada ciudadano tiene una visión del bien y de la justicia condicionada por cuestiones como la historia o las costumbres. Pero también por cuestiones económicas, sociales o relativas a la propia biografía. Si las primeras tienden a unir, las segundas tienden a fomentar diferencias de pareceres. Precisamente para encauzar y expresar estas diferencias surgen los club de opinión. Muy activos durante la revolución. A lo largo del siglo XIX los club de opinión proliferan en toda Europa y van adquiriendo importancia. En la segunda mitad del siglo XIX se convierten en partidos políticos, organizaciones complejas cada vez más influyentes en el Estado.
            Con la prohibición del mandato imperativo y la vigencia del principio de representación política, los representantes tienen pues libertad de conciencia, pero están sometidos a tres lealtades que no siempre se pueden conciliar. Por un lado la lealtad a los ciudadanos del distrito por el cual fueron elegidos, por otro la lealtad al partido y a los principios ideológicos que le dotan de unidad y sentido y, finalmente, la lealtad a la nación. La conciencia libre del representante habrá de dirimir los posibles conflictos entre ellas. Y será el representante, y no su partido, el único responsable de su decisión. Pero el poder de decisión del diputado en relación con el partido va poco a poco perdiendo terreno. A finales del siglo XIX y principios del XX los partidos políticos han adquirido más poder y se han convertido ya en partidos de clases con interese antagónicos. La disciplina de partido empieza a romper el equilibrio de fuerzas de las tres lealtades tradicionales del representante político.

            Con todo, el cambio fundamental se produce en la república de Weimar. Los partidos, hasta el momento tolerados por el estado, adquieren cobertura legal y el sistema electoral de mayorías y uninominal por distritos muta a un sistema proporcional de listas. El jefe del partido asume así todo el poder del aparato y el parlamento se convierte en una cámara de partidos donde el intercambio libre de opiniones entre los diputados desaparece. En el parlamento los diputados se organizan en grupos sometidos de facto a una severa disciplina de voto impuesta por su líder. Las decisiones políticas la toman siempre los dirigentes políticos fuera del parlamento. Y son éstos, convertidos en una oligarquía, los que detentan de hecho el poder del estado; un poder repartido en cuotas variables en virtud de sucesivas elecciones. Los partidos, más allá de sus lícitos intereses ideológicos, se convierten en maquinarias independientes de la sociedad civil cuyo objetivo fundamental es, según el caso, su propio crecimiento o la mera supervivencia. Robert Michels es el primer pensador que analiza el fenómeno en su magnífica obra publicada en 1911 Los partidos políticos. Tomando como modelo el partido socialdemócrata alemán (el nuevo partido de masas que alardea de su diferencia con los partidos de corte liberal considerados corruptos y oligárquicos), se da cuenta de que a la postre no hay ninguna diferencia en su funcionamiento con los viejos partidos, pues quien dice organización dice oligarquía. Buscan el poder y su propio benéfico como organización y establecen pactos para conseguirlo. Hoy llamamos a estos pactos entre los partidos consenso político. El fenómeno es oportunamente analizado y criticado por grandes juristas de la época. Entre ellos, Carl Schmitt y Heinrich Triepel.

            Después de la segunda guerra mundial toda Europa occidental, con la excepción de la España de Franco y de Reino Unido, que sigue manteniendo su monarquía parlamentaria, asume el estado de partidos a imagen y semejanza de Weimar. En 1958 Charles De Goulle, crítico con el excesivo poder de los partidos, propone elaborar una nueva constitución. Se recupera entonces el sistema electoral de mayorías y uninominal por distritos al viejo estilo liberal. De este modo la V República francesa logra expulsar a los partidos políticos del Estado. Para el resto de la Europa occidental todo sigue funcionando como en Weimar, aunque se da un paso más: los partidos no solo tienen cobertura legal, ahora además están constitucionalizados. Pasan así a formar parte, explícitamente, del aparato del Estado. Cosa harto contradictoria si pensamos que son por definición agrupaciones de la sociedad civil. El Estado se preocupa ahora de protegerlos y subvencionarlos. España asume el mismo modelo tras la Transición.

Un partido no es ya un grupo de opinión de la sociedad civil que exige a su miembros cierta lealtad a su ideario. O quizá podríamos matizar diciendo que no es fundamentalmente eso. Es una máquina extractiva de la sociedad civil, empresa que alcanzará más poder y más dinero a la par que aumente el número de sus votantes. Y que exige disposición a la servidumbre y atrofiar o amordazar la conciencia crítica y el libre pensamiento a todos los que aspiren a ascender en su compleja organización. Exigencias que solo premian a los astutos simuladores o a los mediocres burócratas, pero no a los mejores. La disciplina de voto será el examen periódico al que habrán de someterse. Por ende, obediencia primordial para la supervivencia del partido mismo como empresa estatal. Lo sorprendente es que tal obediencia choca frontalmente con la vigente prohibición del mandato imperativo. Una trasgresión que no parece importar mucho a jueces y políticos del propio sistema.

¿Pero, en un sistema político con independencia de poderes y verdadera representación política, sería bueno que existiese mandato imperativo y fuese debidamente respetado? ¿Bastaría con la mera relación de confianza entre representante y representados, y con la sanción oportuna de estos en las siguientes elecciones si son traicionados por su diputado de distrito?

La abolición del mandato imperativo por los revolucionarios franceses fue un hecho ineludible para poder elaborar una constitución donde derechos fundamentales y separación de poderes pudiesen inaugurar una nueva era política, pues ninguna de estas ideas formaba parte de las demandas de los cuadernos de quejas. No obstante, como ya hemos señalado al principio del texto, tal abolición era también afín al espíritu político de Rousseau, omnipresente en el proceso revolucionario. Y en esta afinidad, como en el ninguneo a Locke, el otro gran pensador liberal inspirador de la revolución americana, coincidían tanto jacobinos como girondinos.

La voluntad general roussoniana origina el concepto orgánico de nación, la ficción de un sujeto supremo con voluntad propia. Desde esta perspectiva la prohibición del mandato imperativo e incluso la prohibición de asociaciones intermedias entre el ciudadano y la nación misma es algo coherente. Pues en teoría esto puede facilitar que los representantes alcancen, mediante un dialogo racional libre de servidumbres, algo parecido a una voluntad general que posibilite el bien general de la nación. Pero desde presupuestos liberales más afines a Locke, la nación es un conglomerado mecánico constituido por asociaciones civiles que a su vez están formadas por ciudadanos concretos; a la postre, lo único real. Sería pues coherente con este segundo planteamiento no prohibir las asociaciones que surjan de la sociedad civil, recuperar el mandato imperativo y permitir la revocación de los cargos electos si incumplen sus programas electorales. Pues sin un mandato imperativo que una al representante político del distrito con sus representados quizá estaríamos dando cobertura legal al incumplimiento sistemático de las promesas electorales por parte de los diputados.

La cuestión del mandato imperativo es aun hoy un tema vivo entre juristas y constitucionalistas. En los estados de partidos donde no hay representación política, como es el caso de España, la prohibición se mantiene formalmente pero su incumpliendo se tolera con cínica desenvoltura: los diputados se someten al mandato imperativo de sus jefes de partidos un día sí y otro también y no pasa absolutamente nada. Dado que la obediencia férrea al líder es una pieza clave en un estado de partidos, sería ingenuo pensar que un juez impedirá la ilegalidad que supone tal sometimiento. Algo más verosímil será pensar que antes se eliminará la prohibición del mandato imperativo del texto constitucional. E incluso no faltarán quienes, alegando que ya va siendo hora de que la constitución se corresponda coherentemente con los hecho, propongan cínicamente sustituir la prohibición de tal mandato por un mandato explícito: todos los diputados están obligados a obedecer incondicionalmente a su líder bajo severa pena de prisión.

domingo, abril 10, 2016

CONSTITUCIÓN POLÍTICA


Tras la caída del Imperio romano de Occidente Europa se queda sin el derecho objetivo de un potente Estado, y el pueblo romano, ya casi una ficción, acaba por diluirse en pequeños feudos y comunidades. Comienza la Edad Media. Las primeras monarquías ponderadas intentan armonizar y garantizar el ethos existente: los usos y costumbres de cada lugar, el derecho estamental, el derecho vigente en cada feudo y el derecho canónico mantenido por la Iglesia, única institución presente en todos los territorios. A partir de los siglos XI y XII los reyes adquirieren más poder y se esfuerzan por unificar el derecho. Se van constituyendo así los nuevos estados europeos y, con ellos, los pueblos y las naciones que habrán de habitarlos. En los siglos XVI y XVII las estructuras estatales de los principales países europeos están ya claramente definidas y los reyes han dejado de ser garantes del disperso derecho previamente existente para convertirse en monarcas absolutos y creadores de leyes.

            Juan Bodino y posteriormente Hobbes emplean entonces los términos soberanía y soberano. El soberano es el sujeto que posee el supremo poder. En las monarquías absolutas el rey es el soberano: juez, gobernador y legislador por encima del cual no hay hombre ni ley alguna. La soberanía del rey es inalienable, indivisible e irrepresentable. Su poder se fundamenta en Dios y se trasmite por herencia genética de una generación a otra. El rey representa, asimismo, la unidad política de su pueblo y en nombre de ella y de Dios reina y gobierna.

            Durante el siglo XVIII el titular de la soberanía es cuestionado. Si Bodino y Hobbes utilizaron el término referido fundamentalmente al rey, será Rousseau el primero en afirmar que el pueblo es o debe ser el soberano. Un poder popular a imagen y semejanza del antiguo poder del rey: inalienable, indivisible e irrepresentable. Las revoluciones norteamericana y francesa ponen en práctica la idea rusoniana de la soberanía popular, aunque con una importante modificación: el carácter representativo de la asamblea nacional. Entra entonces en juego el principio democrático que pretende sustituir al principio monárquico del antiguo régimen. No se trata tanto de cómo organizar la sociedad sino a quién corresponde en justicia hacerlo.

            Es en este contexto donde tiene pleno sentido el término Constitución. En EE.UU y Francia son las asambleas nacionales las que elaboran una constitución. Pero, ¿qué es lo que constituyen las constituciones? No desde luego los estados ni la Ley, pues los estados monárquicos estaban ya constituidos y tenían su propia ley objetiva. Tampoco los pueblos o las naciones ya constituidos en los límites territoriales de los estados. Constituyen entonces las garantías de los derechos fundamentales y la independencia de los poderes del Estado. Así, el poder soberano del pueblo pone limite al poder político convirtiéndose en un poder constituyente. Y los planteamientos democráticos de Rousseau se complementan con los principios liberales de Locke y Montesquieu.
            A finales del XVIII el pueblo revolucionario era la burguesía liberal y, frente a la amenaza constante del poder del rey capaz de poner en peligro sus libertades y propiedades, el pueblo se afana por garantizarlas. Los derechos fundamentales son los derechos políticos y civiles. Los primeros posibilitan la participación del pueblo en la elaboración de las leyes, y los segundos garantizan las libertades individuales: entre ellas, la libertad de expresión, de propiedad y de comercio. Para hacer más efectiva la garantía de estos derechos es ineludible que ejecutivo, legislativo y judicial no dependan unos de otros y que el rey, que sigue siendo el titular del ejecutivo, se convierta en un poder constituido, es decir, limitado por la propia constitución y enfrentado al legislativo. No es pues retórico el articulo XVI de los derechos del hombre y el ciudadano: Toda sociedad en la cual no esté establecida la garantía de los derechos, ni determinada la separación de los poderes, carece de Constitución.
Tenemos entonces que, en puridad, una verdadera constitución tiene tres rasgos ineludibles: el principio democrático de su origen, la garantía de los derechos fundamentales y la independencia de los poderes del estado.
            Durante el siglo XIX gran parte de la burguesía se torna conservadora e intenta apoyar a los reyes para compensar el peligroso avance de las fuerzas populares cada vez más proletarizadas. Se produce entonces una regresión en el principio democrática y el rey recupera parte del poder perdido. No obstante, los reyes asumen ya las conquistas de la burguesía liberal y conceden, con reservas, los derechos civiles y políticos; y a veces son incluso respetuosos con la independencia de los poderes del Estado. En otras ocasiones, como ocurre en Francia con Napoleón III, la independencia de poderes no es concedida. Se elaboran pseudoconstituciones en ocasiones muy similares a las revolucionarias, pero dadas o concedidas por el monarca y no por el pueblo. El poder constituyente es entonces del rey y no del pueblo. En puridad tales cartas de leyes se llaman Cartas otorgadas. Y solo equívocamente podemos referirnos a ellas con el nombre de constituciones.
            El siglo XX ha conocido regímenes donde la legalidad del estado no dependía de Constitución o Carta otorgada, sino de una carta de leyes que no respetaba el principio democrático, los derechos fundamentales ni la separación de poderes: el fascismo en Italia, el nazismo en Alemania o el propio Franco en España.
            La Constitución no es pues cualquier cosa y no es desde luego una mera carta de leyes, posibilita el juego político, o más propiamente: la política. Atendiendo a la distinción que el insigne pensador Dalmacio Negro propone, lo político es inherente a las sociedades humanas en la medida en que éstas van acompañadas de un poder coactivo que mantiene el orden social, pero la política es el reino de la libertad. Sin libertad de pensamiento y expresión que posibilita el debate abierto, y sin el resto de libertades políticas e individuales, no hay pues política. Y si somos escrupulosos al respecto, diríamos que si tales libertades son concedidas y no conquistadas por el pueblo, tampoco; pues extrañas libertades son aquellas que puede ser eliminadas al margen del la voluntad de la nación: lo que es concedido graciosamente pude ser graciosamente arrebatado. La Constitución propone entonces unas reglas de juego, mera estructura formal sin abundar en contenidos explícitamente ideológicos. Por eso los llamados derechos de segunda generación o derechos sociales pueden o no incluirse en el texto constitucional, pero no son en puridad constitución, sino leyes de la constitución, como afirma Carl Schmitt en la obra fundadora del constitucionalismo moderno Teoría de la Constitución.
            En 1791 la revolución francesa no desalojó al rey del poder, lo cambió de lugar: pasó de ser sujeto soberano a poder constituido. Francia se dotó de una verdadera Constitución porque hubo una ruptura y la soberanía cambió de titular. Obviamente si el poder soberano y, por tanto constituyente, no es el pueblo; debe haber necesariamente una ruptura. Un texto constitucional que debiese su legitimidad a las leyes monárquicas anteriores, aun siendo idéntico en su forma, no sería entonces Constitución, sino Carta otorgada. Y el monarca, siendo constituyente y constituido a la vez (ese oxímoron), podría romper en cualquier momento las reglas del juego que él mismo ha diseñado, consentido o tolerado. El término Transición, utilizado en España para referirse al cambio político producido tras la muerte de Franco, es pues un eufemismo para evitar el término reforma. Y si venimos de una dictadura, la reforma no puede producir constitución alguna. La frase tan profusamente repetida y alabada “de la ley a la ley”, expresa inequívocamente de dónde viene la legitimidad de la pseudoconstitución española y cuál es el pobre papel de la inexistente soberanía del pueblo español. La carta otorgada del 78 fue pactada por los poderes franquistas y por las nuevas elites políticas que vinieron a sumarse. Se privó al pueblo de un periodo de libertad constituyente y de un referéndum sobre monarquía o república ineludible en todo principio político que pretenda nacer sin pecado original. No recuerdo que hubiese debate ciudadano alguno sobre la conveniencia o no de las autonomía (solo hubo negociación entre oligarcas). O sobre la financiación de los partidos políticos por el erario. Los trileros del momento nos vendieron las libertades civiles mientras nos ocultaron todo lo demás. Inexistente pues el principio democrático en el origen de nuestra mal llamada constitución. Y si bien nos concedieron derechos políticos y civiles, no tuvieron a bien concedernos un sistema electoral verdaderamente representativo ni la esencial independencia de poderes. En realidad nadie mató nunca a Montesquieu, porque sencillamente nunca nació.
¿Puede haber una constitución puramente social? Aunque la expresión derechos sociales es muy genérica, al menos desde la segunda guerra mundial se asocia con el llamado Estado del Bienestar. Y obviamente, el estado del bienestar quiere favorece el bienestar material de los ciudadanos. Cosa muy difícil si no hay desarrollo económico y dinero suficiente. Inflar la constitución con derechos sociales para blindar su cumplimiento (afán de muchos partidos autodenominados de izquierdas), no garantiza desde luego que los derechos sociales allí expuestos se cumplan. Pues por más poder que tenga el poder constituyente, no es omnipotente: desgraciadamente la palabra escrita no tiene propiedades mágicas. Si no hay dinero, poco bienestar material puede proporcionar la declaración solemne de los más avanzados derechos sociales. Muy al contrario, muchos derechos sociales constitucionalizados y reiteradamente vulnerados, lejos de fortalecerse, se debilitan al evidenciar su impotencia imperativa. Y a la vez, pueden debilitar los derechos fundamentales y el resto del texto constitucional. Pues a mayor número de leyes incumplidas, mayor devaluación de las leyes y principios que se han de cumplir y respetar obligatoriamente. Los derechos fundamentales y la separación de poderes dependen tan solo de la voluntad política y tienen un carácter formal (limitan los poderes del estado y garantizan la libertad), pero establecer por ley un mundo que nos libre de todo mal no solo depende de la buena intención del legislador, sino de factores económicos en gran medida incontrolables. Hoy no se cumple el derecho constitucional al trabajo para todos los ciudadanos y probablemente mañana no se cumplirá que todos los ciudadanos cobren 2000 euros de sueldo mínimo por el hecho de existir, ergo ¿por qué ha de cumplirse entonces la exigencia constitucional de que la justicia sea independiente del ejecutivo o el elemental derecho a la libre expresión? Leyes sociales que no se pueden cumplir tienen algo de inútiles, y como decía Montesquieu las leyes inútiles debilitan a las necesarias. Si alimentamos la idea de que la Constitución puede ampliarse indefinidamente con nuestros mejores deseos, queda emboscada su propia esencia. Y ninguneada la esencia puede ser finalmente eliminada o reiteradamente incumplida.
       Pero si constitucionalizamos los derechos sociales, ¿por qué no los derechos animales y los de la madre tierra? Con tantos derechos es inevitable que surjan contradicciones: la lechuga y yo tenemos derecho a vivir, pero si quiero vivir tengo que comerme la lechuga. ¿Me permitirá tal constitución un acto de tanta crueldad? Por este camino tendremos un libro al que llamaremos constitución que en el mejor de los casos describirá una bonita utopía. En el peor, un pesadillesco galimatías atiborrado de derechos de segunda, tercera o cuarta generación, oscuro y tenebroso como la niebla. Complejidad y laberinto que solo puede beneficiar a los tiranos dispuestos a hacer ley de su voluntad. En cualquier caso, no tendríamos constitución alguna. Nuestro utópico o laberíntico libro daría paso así a un Estado omnímodo con licencia para intervenir en todos nuestros asuntos con el bien social, ambiental o ecológico como excusa. Es decir, un estado metomentodo empeñado en crear al hombre nuevo con sofisticadas técnicas de ingeniería social: ¿la forma amable de un estado totalitario? Probablemente. Así ocurre y ocurrió en muchos países socialistas, pues una constitución que menosprecie la libertad y el control del poder estatal (aunque sea con las mejores intenciones), no es constitución. Es modélica en este sentido la constitución de los EE.UU de tan solo seis páginas. No hacen falta más para decir lo fundamental. 
        Los asuntos sociales son obviamente importantes y es el juego político que la constitución inaugura el que tendrá que determinar su presencia. Los partidos y asociaciones surgidos de la sociedad civil ofertarán diferentes modelos ideológicos y serán los ciudadanos los que habrán de tener la última palabra por medio del debate abierto y el sufragio. Más impuestos y más servicios públicos o menos impuestos y menos servicios, más libertad y autonomía para el ciudadano o más seguridad y dependencia del estado son los polos elementales en los que el juego político se mueve en toda sociedad abierta, plural y regida por una verdadera constitución. Hay leyes más acá de la constitución, y el parlamento, poder constituido, tiene licencia para promulgarlas. La regla básica es no contradecir la constitución misma, que es tanto como decir no saltarse las reglas del juego.
 

viernes, marzo 18, 2016

ÉTICA DE EPICURO (2ª PARTE)


Para ver la primera parte del video cliquea en el enlace.

Epicuro fue un filósofo griego que vivió entre los siglos IV y III a.C. A los 35 años se estableció en Atenas, donde fundó su propia escuela de filosofía conocida con el nombre de El Jardín, famoso no sólo por la enseñanza de la filosofía, sino también por el cultivo de la amistad y por la participación, no sólo de hombres (como era normal en otras escuelas de filosofía en Grecia) sino también de mujeres. Epicuro tenía una visión hedonista de la vida. La palabra “hedonista” procede del vocablo griego hedoné, que significa placer. Y, efectivamente, para Epicuro la felicidad se reducía al placer y a la ausencia de dolor. Y es que, según Epicuro, todos los seres humanos buscan mediante sus acciones lo mismo: evitar el dolor y alcanzar el placer. La prueba de que algo es bueno es que produzca placer, y la prueba de que algo es malo es que produzca dolor. Sin embargo, Epicuro reconocía que esto no era tan sencillo, pues hay cosas o acciones, como por ejemplo una borrachera, que pueden producir un placer inmediato, pero luego la resaca pueden producir un dolor mayor. Igualmente hay cosas, como por ejemplo preparar un examen de matemáticas un domingo por la tarde, que pueden suponer dolor o sacrificio, pero que son necesarias para alcanzar un placer o un bienestar mayor y más duradero (la satisfacción de aprobar, por ejemplo, o la posibilidad de estudiar la carrera que deseo). En estos casos, ¿qué es lo que debemos elegir? Epicuro lo tenía bastante claro: hay que elegir siempre aquellas acciones que nos reporten un placer mayor y más duradero y que nos eviten la mayor cantidad posible de dolor. El secreto de la felicidad está entonces en el sabio cálculo de las consecuencias que se siguen de nuestras acciones, de cara a evitar la mayor cantidad posible de dolor y alcanzar el placer más duradero. Hay que insistir en que, para Epicuro, tan importante para la felicidad era alcanzar el placer como evitar el dolor. De ahí que, según él, ni banquetes ni juergas constantes dan la felicidad, si no van acompañados de la prudencia que no es otra cosa que el sabio cálculo de las consecuencias que se siguen de cada acción.

sábado, marzo 05, 2016

EL REY VA DESNUDO: ¿EDUCACIÓN O ENSEÑANZA?


El estado ofrece una escolarización gratuita hasta los dieciocho años. Pretende con ello servir a los ciudadanos en dos sentidos: una básica educación, que debemos entender como socialización y adquisición de buenas costumbres, y una enseñanza e instrucción excelente. Ambos fines son loables. Pero diferentes. Y, como veremos, hasta cierto punto incompatibles (no se pueden llevar a cabo a la vez, en el mismo lugar, con los mismos alumnos y con igual intensidad). Llamemos educación a lo primero y enseñanza a lo segundo. Dado que una buena educación es básica para poder recibir una buena enseñanza, es comprensible que el estado priorice la educación durante los primeros años de escolarización y se esfuerce en la enseñanza de calidad en los últimos. ¿Quiere decir esto que si educamos no enseñamos o si enseñamos no educamos? No exactamente, quiere decir que en la primera etapa sobre todo se educa y además se enseñará lo que se pueda. Se trata de llegar al menos a un mínimo educativo e instructivo igual para todos. Como hablamos de niños, no es extraño que este periodo de escolarización sea obligatorio. También en casa obligamos a nuestro hijo a comer lentejas aunque no le gusten, porque son nutritivas y buenas para la salud. Obviamente un niño debe ser tutelado. El procedimiento educativo fundamental habrá de ser la equidad. Cada uno es diferente, pero deben llegar a lo mismo. Los maestros deberán atender a las peculiaridades individuales de cada niño en la medida de los posible. La escuela debe estar atenta a muchos parámetros para que todos puedan llegar al ansiado mínimo que se propone el estado. Por eso los profesionales deben tener habilidades emocionales, conocimientos de psicopedagogía y hasta rasgos propios de un trabajador social, y es secundario que sean especialistas en un sesudo saber como la física o la matemática. Ahora bien, acabada esta fase de escolarización la enseñanza que propone el estado debe ser voluntaria. Esto es, debe ser un derecho. Y como todo derecho, el individuo en cuestión lo ejercerá o no si tiene la voluntad de ejercerlo y la condición necesaria para acceder a él: una titulación básica de su primer periodo de escolarización no es pedir mucho. No podemos llamar derecho a la enseñanza si ésta es obligatoria. Nadie llamaba a la mili derecho, sino obligación. Los profesionales deberán ser expertos en su área de conocimiento. Una enseñanza de calidad requiere licenciados, doctores o catedráticos. Esto es, especialistas en lengua, historia, física o matemáticas que sepan combinar los conocimientos con buenas dotes para la comunicación. Sustituimos entonces la equidad por la justicia. Los alumnos parten de lo mismo y bajo las mismas condiciones y oportunidades llegarán a lugares diferentes. Cada uno con su esfuerzo y capacidad.
De modo que tenemos dos cosas muy bien diferenciadas. Por un lado obligatoriedad, equidad y educación impartida por maestros, psicopedagogos y asistentes sociales. Por el otro, libertad de elección, justicia y enseñanza impartida por profesores expertos en conocimientos varios. ¿Podemos impartir un máximo de educación y de enseñanza de calidad a la vez durante casi los doce años de la escolarización gratuita que ofrece el estado? No. Aquí hay un problema elemental de máximos y mínimos. Si aumentamos uno de ellos se resiente el otro. Pongamos como ejemplo una carrera universitaria. ¿Si hacemos que la carrera de ingeniería de telecomunicaciones sea obligatoria, cuántos buenos ingenieros saldrán al final? ¿Y mutatis mutandis, cuántos médicos, historiadores o físicos nucleares? En una escolarización obligatoria se podrá a duras penas educar, pero nunca se alcanzará una enseñanza de calidad. De modo que el estado debe elegir la cantidad de años que dedicará a la educación obligatoria y a la enseñanza voluntaria, teniendo en cuenta que tenemos poco menos de doce en total.
¿Cómo están las cosas desde hace más de dos décadas en España? Veamos. El alumno está escolarizado obligatoriamente desde los cinco o seis años hasta los dieciséis. Esto son diez años. El periodo que el estado ofrece de enseñanza voluntaria es de menos de dos curso, pues  2º de bachillerato es más corto que los anteriores. Diez años de educación y poco más de uno y medio de enseñanza.
Lo curioso es que las autoridades políticas, la comunidad educativa y la sociedad misma se escandaliza de los ínfimos niveles de calidad de enseñanza que se revelan periódicamente en pruebas ad hoc o datos estadísticos sobre nuestros jóvenes estudiantes. Todos hablan o hablamos de las posibles causas: muchos alumnos por aula, poca inversión, profesores chapados a la antigua que no usan las nuevas tecnologías, etc. Pero nadie quiere ver la causa principal. Ésta permanece oculta en el lenguaje y en el pensamiento. Y a fuerza de no nombrarla ni pensarla, acaba por no existir. No se trata de que los factores señalados no tengan su importancia. Pero incidir en ellos mientras se oculta lo fundamental es, desde luego, una tremenda perversión. Un coche debe tener un parabrisas, tres retrovisores mejor que uno, incluso puedo discutir si es mejor pintarlo de blanco o de amarillo. Pero si nadie señala que el coche no tiene ruedas y sin ruedas no puede avanzar, las consideraciones anteriores son solo ganas de hablar. La enseñanza en España tiene las ruedas pinchadas por diez años consecutivos de educación obligatoria. En este punto solo podemos hacer dos cosas. Asumir que el estado ofrezca básicamente educación sin apenas enseñanza, lo cual debería de llevar consigo cierta tranquilidad de conciencia que evitase tanta protesta por la mala calidad de la enseñanza de nuestro sistema. O bien ajustar los tramos de escolarización gratuita que el estado oferta para que haya más tiempo de enseñanza y menos periodo de educación obligatoria.
Si optamos por lo primero deberíamos aclarar muchas cosas. En los actuales institutos sobramos profesores y faltan psicopedagogos y asistentes sociales. Es más, en lugar de uno o dos  psicopedadogos y cien profesores la ratio debería ser la inversa. Con que hubiese un profesor de ciencias y otro de letras que pudiera atender de vez en cuando a los alumnos, el ideal educativo mejoraría, y se paliaría así un poco la irritante contradicción en la que la comunidad docente vive desde hace años. ¿Tiene sentido quejarse de la calidad de la enseñanza si sabemos que la prioridad es la educación? Las tutorías no deberían ser excepción sino norma, es decir, la mayoría de las clases recibidas por los alumnos deberían ser tutorías y no clases magistrales sobre historia o matemáticas.
Si optamos por la segunda opción debemos rebajar la edad de enseñanza obligatoria. Podemos discutir hasta qué edad. Pero trece o catorce años a mi me parece razonable. De esta forma el periodo de enseñanza voluntaria aumentaría hasta casi cuatro años. Cuatro años donde el esfuerzo y la capacidad del alumno unido a profesionales bien formados expertos en sus respectivos conocimientos y un ambiente escolar adecuado, haría de cada alumno la mejor posibilidad de sí mismo.
Yo soy partidario de la segunda opción, pero entendería que la sociedad eligiese la primera. Lo que no entiendo es la confusión en la que andamos todos, y que este debate no sea público y natural en la comunidad educativo y en la misma sociedad. Alguien nos ha hurtado desde hace tiempo la posibilidad de hablar públicamente de ello y nosotros lo hemos consentido. El síntoma de las épocas oscuras es que la más elemental verdad resulta revolucionaria. En los institutos de Educación Secundaria Obligatoria hace tiempo que el emperador va desnudo. Decirlo en foro público es un mero acto de parresia.
Los que son partidarios de la segunda opción pueden admitir sin entrar en contradicción la existencia de institutos bilingües si creen que con ello se produce una selección de alumnos que hace posible que aumente la calidad de la enseñanza del Centro en cuestión o al menos para un grupo de alumnos, aunque sean escépticos en cuanto al aprendizaje del inglés o el alemán que en el Centro se imparte. Pero para los que creen en la primera opción tal admisión es incoherente por contradictoria. La equidad y la obligatoriedad casa mal con una selección del alumnado que se cuela por la puerta de atrás y que produce una diferencia de trato entre grupos de alumnos, pues admitimos entonces que a uno les damos educación y a otros enseñanza. El dilema es similar al que se produce cuando nos planteamos organizar los grupos del institutos según sus niveles académicos y de comportamiento. Tener clases con alumnos con buen nivel académico y sobre todo con un comprtamiento correcto junto a otras clases con alumnos díscolos que imposibilitan todo aprendizaje para el resto, será un planteamiento incoherente para los defenseros de la enseñanza obligatoria actual, pero no para los que son críticos con ella.

sábado, febrero 13, 2016

ZENÓN, AQUILES Y LA TORTUGA. video (2/2)


 
Zenón quiere demostrar que el movimiento y el cambio son  un absurdo desde el punto de vista de la razón lógica. Lo que es un absurdo no se puede entender ni pensar sin contradicción y lo que no se puede pensar sin contradicción no existe. Nadie afirmaría que existe un circulo cuadrado. No existe un circulo cuadrado porque es un absurdo impensable. Cuando decimos circulo cuadrado sólo emitimos un sonido sin referente ni significado. Igualmente cuando decimos movimiento o cambio. Que yo vea que Aquiles gana la carrera no es una refutación del los argumento de Zenón. Los sentidos nos muestran que se da cambio y movimiento, pero esto constituye una mostración sensitiva y no una demostración lógica. Diógenes, atento oyente del argumento de Zenón, se levantó y se echó a andar. El movimiento se demuestra andando, dijo. Aquel avispado griego mostró  a los ojos de los demás algo a lo que hemos dado en denominar movimiento, pero no demostró argumentativamernte, utilizando un razonamiento lógico, que el movimiento fuese algo real. A veces las mostraciones sensitivas nos engañan, nos llevan a afirmar cosas erróneas, y tenemos que echar mano a una cierta demostración racional. Al meter un palo en el agua, por ejemplo, parece que se tuerce y no es así. Los sentidos muy bien podrían también engañarnos  en el movimiento y el cambio. El movimiento y el cambio podrían muy bien ser una ilusión sensitiva similar al cine, por ejemplo. Los personajes de las películas parecen moverse y cambiar, pero en el fondo el cine es una pura ilusión. Los personajes de la película están sucesivamente inmóviles e inmutables en cada uno de los fotogramas. ¿No podría ser la vida misma una macro película elaborada por una especie de dios ilusionista?             
               Tal vez a estas alturas pudiéramos pensar que Zenón es el prototipo de filósofo que parece divertirse en jugar con el lenguaje, en inventarse problemas y en hacernos dudar burlonamente de lo evidente. Tal vez pudiéramos tener la tentación de razonar de la siguiente forma: “La aporía de Zenón es curiosa y divertida, pero nada más. La ciencia, que es el discurso con más garantías de verdad, afirma una y otra vez la verdad del movimiento. El propio Newton nos habla de conceptos como velocidad y aceleración que se refieren al movimiento mismo. Y podemos deducir, gracias a sus geniales fórmulas, la posición y velocidad que un proyectil tendrá al cabo de un tiempo sabiendo su velocidad inicial y su aceleración. Si afirmo que un proyectil tiene en le Km 5 una velocidad de 30Km/h, implícitamente demuestro que el proyectil se mueve.”

               Intentemos cuestionar este razonamiento desde la propia ciencia. En el siglo XX se ha admitido que la física de Newton no es del todo cierta o no dice toda la verdad. Es cierto que la seguimos utilizando diariamente para deducir posiciones y velocidades de proyectiles y se revela como bastante útil; pero su utilidad relativa no es una garantía de su presunta verdad. También eran útiles los mapas celestes anteriores a Copérnico y el heliocentrismo para muchos navegantes renacentistas y esto no demostraba que la Tierra fuese el centro del universo. La física de Newton se asume hoy día como un caso particular de una nueva teoría física que parece más útil y explicativa que la de Newton: la física cuántica. Existe un principio físico en esta teoría (el principio de indeterminación descubierto por W.Heisemberg) que viene a decir lo siguiente: Si pretendemos deducir la posición de una partícula subatómica presuntamente en  movimiento tenemos que concluir que no tiene en el fondo velocidad. Es decir, que la partícula en presunto movimiento está en realidad parada. Pero si intentamos deducir su velocidad tenemos que concluir que no tiene posición. Esto es, que en algún sentido no es una partícula que ocupe un lugar concreto sino una especie de vibración, onda o entelequia de difícil concreción. El problema lleva a la física cuántica a una contradicción lógica: un electrón, por ejemplo, es una partícula y no es una partícula. Es presumible que W.Heisemberg no despreciaría en absoluto las especulaciones de Zenón.
            La aporía de Zenón nos obligan pues a tomar un partido epistemológico. O apostamos por los sentidos y afirmamos el movimiento y el cambio; o apostamos por la razón lógica y lo negamos.
El problema que plantean Zenón continúa con Heráclito

martes, febrero 09, 2016

ORIGEN DE LA MONARQUÍA PARLAMENTARIA


¿Cuál es el origen de la monarquía parlamentaria? Hagamos un poco de Historia. La revolución Gloriosa entroniza a Guillermo de la Casa de Orange. Tras su muerte, en 1702, se corona a Ana Estuardo, que era su cuñada. En 1707 la reina Ana amplía su reinado a Escocia e Irlanda. De modo que Ana es la primera reina de Reino Unido. Su reinado fue convulso, marcado por la guerra de sucesión al trono de España (en el ámbito anglosajón esta guerra es conocida como la guerra de Ana). Tras su muerte en el año 1714 se corona a un rey que procede de la Casa de Hannover, el elector de Hannover, el alemán Jorge I (1660-1727). Fue en su reinado cuando nació la monarquía parlamentaria.

El último rey verdaderamente absoluto fue Enrique VIII. Desde entonces hasta el reinado de Jorge I el poder del monarca había ido progresivamente limitándose.

Recordemos algunos hechos significativos. Con el reconocimiento del Habeas Corpus de 1679 se garantizaba que nadie podría ser detenido e inculpado sin ser puesto a disposición de un juez a las 74 horas de su detención, quien debería notificarle la causa de la misma y poner a su disposición un abogado. Se ponía freno así a la arbitrariedad del poder y se institucionalizaba una justicia independiente que garantizaba la libertad de los ciudadanos. Pero el hecho más importante ocurrió en el año 1689 con la llamada Revolución Gloriosa.  El Parlamento inglés obligó a Guillermo de Orange a jurar la Declaración de Derechos (The Bill of Rights). Se constituía así una monarquía mixta donde el rey tenía el mayor poder ejecutivo, los Comunes el poder legislativo y los Lores sobre todo el poder judicial. El rey tenía que someter algunas de sus decisiones al Parlamento, pero podía nombra gobierno y tenía derecho de vetar leyes de los comunes. Así gobernó la reina Ana Estuardo y Jorge I. De modo que Jorge I todavía tenía el poder de nombrar al primer ministro. Sin embargo, factores ajenos a la voluntad político hicieron que este último privilegio desapareciese y que la monarquía del Reino Unido se convirtiera en lo que hoy denominamos monarquía parlamentaria. Como decía Maquiavelo, la fortuna, es decir, el azar, es el principal motor de la historia política. Y lo fue desde luego en esta ocasión.

¿Cómo sucedió? La situación política británica con en el nuevo rey Jorge I era muy precaria. Después de la guerra de Ana, los dos partidos del parlamento, los Wihgs y los Torys, estaban divididos, sus diferente facciones hacían muy difícil que cualquiera de ellos actuase en bloque con una mayoría clara. Además había cierta hostilidad de los torys hacia su reinado; pues aunque eran conservadores y defensores tradicionales de la monarquía, muchos de ellos eran jacobinitas (partidarios del rey Jacobo), más afines a un rey de la Casa de los Estuardo. Si a esto le sumamos que el rey Jorge I era alemán y no sabía inglés, se entiende que el nuevo rey se sintiera muy vulnerable ante el nuevo Parlamento. Entonces el diputado wihgs, Robert Walpole (1676-1745), un político especialmente hábil y astuto, se dedicó a conseguir una mayoría parlamentaria comprando voluntades, ofreciendo cosas que no tenía a todos los que lo apoyaran. Y gracias a su habilidad, se ganó también la confianza del rey. El rey nombró finalmente a Walpole Primer Ministro, porque era el único que tenía una mayoría, porque le apoyaba claramente y porque le parecía que de este modo controlaba también el poder legislativo. Y así fue. La Corona, en realidad Walpole y sus seguidores, controlaba a los comunes sin necesidad de comprar ella misma a los diputados o de falsear las elecciones (práctica ilegal pero tolerada a menudo). Controlar la Cámara de los Lores era más sencillo: bastaba con que el rey hiciese uso de su prerrogativa de nombrar a sus miembros. Obviamente la triquiñuela de Jorge I y Walpole iba en contra del espíritu de la Revolución Gloriosa que pretendía una separación entre ejecutivo y el Parlamento. Circunstancia que el líder de los Torys, Henry St John, primer vizconde de Bolingbroke, nunca dejó de denunciar. Tal enfrentamiento era la razón por la que el partido de los Wihgs fuese llamado el partido de la Corte y el de los Torys, el partido del país.

¿Qué sucede después? Cuando acaba el primer mandato de Walpole, el rey  podía haber nombrado a otro Primer Ministro, porque todavía esta facultad le correspondían a él, no al parlamento. Sin embargo, repitió el nombramiento de Walpole que seguía teniendo una mayoría que le apoyaba; aunque, obviamente, corrompida. El amor de los ingleses por el pasado, la tradición y el antecedente histórico hizo que el hecho se convirtiera en norma. Aunque también hay que tener en cuenta que el Parlamento, desde el decapitado Carlos I, se había preocupado especialmente en restar poder al rey (recordemos el Habeas Corpus y la Declaración de Derechos). Y tras estos acontecimientos es de suponer que encontró la ocasión de limitar su poder hasta convertirlo en casi simbólico.  Desde entonces el rey nombraría al Primer Ministro que estuviese respaldado por una mayoría en el Parlamento. Cambiaron algunas otras cosas. Ahora el primer ministro solo era responsable ante el Parlamento, y no ante el rey. A diferencia de antes que el Primer ministro lo era ante el rey y no tanto ante el parlamento. Se crea entonces lo que se llama en derecho político parlamentario "parlamentarismo de gabinete", donde ya no es el rey quien gobierna. Fue así como la corrupción de Walpole, aceptada por toda la clase política, transformó la naturaleza de la monarquía británica.

Este sistema corrupto de ir comprando votos pasó a la historia con el nombre de Old Corruption de Robert Walpole. En la política española se suele traducir como clientelismo o caciquismo. Fue copiado en EE.UU con el nombre de Spoil System. La expresión deriva de la frase "to the victor go the spoils" ("al vencedor va el botín"). El Spoil System se le suele atribuir a Jackson, el séptimo presidente de EEUU. Obviamente la legislación británica y la de EE.UU intentaron evitar, con una nueva legislación que priorizara el merito sobre el amiguismo, que esta corrupción se produjese en el futuro.
 
Fuentes principales:  
Texto de Don Antonio García Trevijano.