Ciudadanos son las personas que viven en un país que tiene reconocidos ciertos derechos fundamentales y que también tiene la obligación de cumplir ciertos deberes.
Los derechos fundamentales son de dos tipos: derechos políticos y derechos civiles.
Los derechos políticos.
Todos los ciudadanos tienen el derecho de elegir a sus representantes políticos por medio de unas elecciones libres. Es decir, tienen derecho a participar en la vida política al menos (aunque no solamente) por medio del sufragio universal, libre, directo y secreto. También tienen derecho a presentarse ellos mismos para ser elegidos como representantes de los demás ciudadanos. Es decir, pueden proponerse como candidatos tras exponer sus ideas públicamente.
No obstante, la libertad política no queda garantizada si no hay una verdadera independencia de poderes. Para que tal independencia sea efectiva es ineludible plantear una serie de procedimientos que a continuación se citan:
Los diputados, que conformarán el poder legislativo, y el presidente de la nación, que conformará el ejecutivo, serán elegidos a doble vuelta en elecciones separadas en el tiempo. Y ningún representante sobrepasará más de dos periodos legislativos de cuatro años, volviendo después a la sociedad civil con los mismos derechos que tenía antes.
Habrá un diputado uninominal, con mandato imperativo y revocable, por cada setenta mil o cien mil habitantes, pagados directamente por los representados a través de los colegios electorales. Los diputados, que conforman el poder legislativo, propondrán las leyes en función de los dictados de la sociedad civil. Las leyes propuestas deben ser aprobadas en una Cámara Legislativa, y aparecer en el Boletín Oficial de la Nación para tener carácter coercitivo.
La sociedad civil elegirá a un Presidente de la Nación que formará gobierno. Los ministros serán los únicos cargos públicos nombrados a dedo. El Gobierno se limitará a ejecutar sirviéndose de toda sus estructuras de poder y de funcionarios, pero no legislará.
Todos los funcionarios, excepto los cargos electos y de gobierno, tendrán acceso a las plazas mediante oposiciones libres y transparentes, válidas para cualquier parte de la nación y siendo las mismas en todo el territorio. Entre tales funcionarios se encuentran los jueces. Los jueces son el poder judicial. No obstante, si hubiese necesidad de un órgano judicial superior, debería surgir mediante una consulta directa realizada a todos los jueces, procuradores, abogados, fiscales, etc., que intervienen en el ejercicio de la justicia. En cualquier caso, nunca designados por el ejecutivo o el legislativo. Su función es la de vigilar y controlar al poder ejecutivo y legislativo, e incluso al judicial (que a la vez estará controlado por los otros dos poderes).
Los partidos, sindicatos, patronal y cualquier asociación deben pertenecer a la sociedad civil, y ser sufragados voluntariamente sólo por sus simpatizantes o socios por medio de las cuotas periódicas y reguladas. Y no podrán aceptar ninguna financiación de grupos de presión.
