LA DEMOCRACIA EN ESPAÑA (2/2)

La Constitución de 1978 quiso garantizar la independencia del poder judicial mediante la creación de un órgano de autogobierno interno llamado Consejo General del Poder Judicial. Pues tal organismo es determinante en la elección de los jueces de los diversos tribunales. El Consejo está integrado por el Presidente y veinte vocales. El artículo 122 de la Constitución prevé que ocho vocales serán elegidos por las Cortes, pero nada dice sobre el mecanismo de elección de los otros doce. No obstante, es fácil deducir que el legislador constituyente, al establecer el nombramiento por las Cortes de ocho vocales y callar sobre los otros doce, estaba pensando en una elección de esos doce vocales ajena a cualquier interferencia política, precisamente para salvaguardar la independencia del poder judicial.

 Así se interpretó desde el principio. La primera Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobada en 1980, establecía que estos doce vocales serían «elegidos por todos los Jueces y Magistrados que se encuentren en servicio activo (…) mediante voto personal, igual, directo y secreto». Quedaba así asegurada la independencia de la mayoría de los vocales del CGPJ, cuyo nombramiento tendría lugar sin la intervención de ningún político. Y esa independencia del CGPJ se transmitiría en cascada a todos los órganos judiciales, desde el Tribunal Supremo hasta el último Juzgado de Instrucción del último rincón de España. Pues el CGPJ es determinante en la elección del resto de jueces. Primarían así los criterios técnicos y profesionales a la hora de nombrar a los jueces. 
     Pero esta situación no duró mucho. Gobernando el PSOE los políticos reformaron el Poder Judicial en 1985 y establecieron que los doce vocales en cuestión fueran nombrados por las Cortes. El siguiente gobierno del PP no hizo nada para cambiar esta situación. Desde 1985 todo vocal del CGPJ le debe su sillón a un partido político. Y siendo así, los partidos se han repartido sistemáticamente la tarta del poder judicial. Pues los vocales del Consejo se limitan a actuar, salvo honrosas excepciones, como meros ejecutores de la política del partido que los nombró.
     Los tribunales más importantes son el Supremo y el Constitucional. Son los más importantes porque sus resoluciones son las que más consecuencias políticas pueden acarrear. Los miembros del Tribunal Supremo son nombrados por tres quintos del CSPJ. Su determinación política es obvia. No obstante, quedaría anulada si se volviese a la ley de 1980. Peor solución tiene el Tribunal Constitucional. El Constitucional está compuesto por 12 miembros: 8 son designados por las Cortes, 2 por el Gobierno y 2 por dos quintos del CGPJ . Su determinación política es casi insalvable. La única solución sería su eliminación. Y tal cuestión no es utópica o antidemocrática. Muchos países democráticos carecen de tal tribunal y parecen marchar muy bien. Su creación solo se puede explicar por la desconfianza de los políticos de la Transición a la independencia del poder judicial (quizá pensaban que muchos de los jueces podrían conservar veleidades franquistas y se reservaron un contrapeso judicial de carácter esencialmente político). Pero si el Constitucional, políticamente entendido, tuvo alguna razón de ser en el pasado, no la tiene en absoluto tras casi cuarenta años después de la muerte del dictador. En cualquier caso, hoy por hoy, la determinación política de la justicia en España es algo evidente.

Tampoco el poder legislativo es independiente del poder ejecutivo. Las elecciones generales conforman el arco parlamentario, pero el gobierno surge siempre de la mayoría parlamentaria resultante. Es pues impensable que el ejecutivo y el legislativo entren en conflicto en torno a un proyecto de ley propuesto por el ejecutivo. ¿Es esto un error congénito a toda democracia liberal? Evidentemente, no. Pongamos como ejemplo el sistema estadounidense. Hay elecciones presidenciales que determinan el ejecutivo y, no coincidentes en el tiempo, elecciones al Congreso que determinan el legislativo. Casi siempre la mayoría de los congresistas y el presidente pertenecen a partidos dIferentes. De este modo, ambos poderes se limitan y controlan.

Y por último nos toca hablar de los partidos políticos y los procedimientos electorales. Nuestra Constitución proclama en su artículo 6 que los partidos políticos, que son el principal medio a través del cual los ciudadanos participan en la vida pública, deben funcionar de manera democrática. No obstante, la estructura de los partidos políticos en España desobedece el mandato constitucional y no es democrática, y esto tiene nefastas repercusiones en el sistema. La endogamia de la cúpula de los partidos hace casi imposible que estos se renueven en ideas, proyectos y personas. Los congresos de los partidos dejan sin voto a los afiliados, y no hay un verdadero debate ni elecciones primarias que elijan a los candidatos más prometedores o valiosos. Asimismo, el sistema electoral de listas cerradas y bloqueadas imposibilita que los diputados elegidos se sientan responsables ante sus votantes directos. Se someten entonces al mandato de su jefe político que es el que tiene el poder de mantenerlos en la lista en las siguientes elecciones. Tal situación constituye el caldo de cultivo necesario, aunque no suficiente, para la mediocridad y la nefasta profesionalización de la política. Y, combinada con la falta de independencia del poder judicial, procura también la corrupción generalizada que acaba por impregnar todos los resquicios del poder político y financiero.

De modo que los partidos políticos son estructuras cerradas y no democráticas. Mediante elecciones asumen el poder legislativo. Y por mayoría, conforman el poder ejecutivo y asumen las cuotas correspondientes del sistema judicial. Si un partido (de facto no democrático en su estructura y funcionamiento) gana las elecciones por mayoría absoluta, asume los tres poderes fundamentales del estado. Es cierto que los tres poderes están separados en sus funciones, y esto crea un espejismo de corrección política. Pero debemos recordar que lo esencial no es que estén separados, sino que unos sean independientes de los otros. Al tener el mismo origen, los tres poderes no son independiente. Y por duro que sea admitir esto, tal característica es propia de las dictaduras.

Así están las cosas.

¿Qué puede hacer un ciudadano pacífico que crea que la democracia liberal es el menos malo de los sistemas políticos y quiera resucitar el espíritu de Montesquieu?

Desde luego la opción no es reclamar una democracia asamblearia por las plazas y calles de la ciudad como muchos bien intencionados ciudadanos hacen. Por varias razones. En primer lugar, la democracia asamblearia sacraliza la participación política y desprecia el respeto a la legalidad, pues la ley y la voz popular es una y la misma cosa. Diríamos que se ensalza la isocracia y la isagoría y se minusvalora la isonomía, si queremos introducir la terminología griega. Es evidente que no todo es votable. La voz popular también puede constituir una tiranía, como bien sabían Platón, Aristóteles y Tocqueville. ¿Si la mayoría de los ciudadanos decide privar de derechos políticos o de alguno de los derechos civiles fundamentales a los negros, por ejemplo, estamos hablando entonces de una ley respetable y genuinamente democrática? Evidentemente, no. La democracia es algo más que decisión popular. El pueblo tiene la última palabra, pero no la única palabra. La democracia asamblearia no tiene en mucha consideración el principio de independencia de poderes. Ciertamente la democracia asamblearia de la antigua Atenas funcionaba razonablemente bien, al menos en la época de Pericles. Pero sus esencia se perdería inevitablemente si la traspasásemos a las mastodónticas, complejas y tecnificadas naciones modernas.

¿Qué hacer entonces?

Por vía negativa es recomendable no votar a los partidos que no incluyan en su programa procedimientos que garanticen la independencia de poderes o que incluyéndolos no los lleven a cabo. Es decir, no votar a ninguno de los partidos mayoritarios (PSOE y PP).

Por la vía positiva hay varias opciones:

Votar a algún partido minoritario que lleve esta reforma en su programa (alguno hay) y que merezca nuestra confianza. Si ningún partido merece nuestra confianza, entonces solo nos quedaría la protesta. Votar en blanco, votar nulo o abstenerse.

El voto en blanco es aquel en el que la persona  introduce en la urna un sobre vacío. Estos votos en blanco no se suman a los de ningún partido, pero sí son tenidos en cuenta a la hora de calcular el total de votos emitidos. En España para que un partido entre en el reparto de escaños de una circunscripción electoral debe tener un porcentaje mínimo de los votos de esa circunscripción (normalmente es el 3%, pero alguna Comunidad Autónoma lo ha elevado al 5%). Por tanto, los votos en blanco elevan el número mínimo de votos que un partido necesita para poder entrar en el reparto de escaños y, por tanto, perjudica a los partidos minoritarios (precisamente entre estos hay algunos defensores de Montesquieu) y beneficia a los mayoritarios (PSOE y PP) que quieren que las cosas sigan como hasta ahora. Por lo tanto, no parece la opción más recomendable. Imaginemos que en una circunscripción electoral ha habido 1.000 votos, y 100 personas se han quedado en casa. Entonces un partido con 30 votos entraría en el reparto de escaños. Sin embargo, si esas 100 personas hubiesen votado en blanco tendríamos un total de 1.100 votos, por tanto el mínimo de votos para entrar en el reparto sería 33 y el partido no entraría en el reparto de escaños. Por último, destacar que el significado del voto en blanco suele variar. Mientras que para unas personas significa que no hay ninguna opción que consideren adecuada, para otras significa que le es indiferente qué partido gobierne.
     El voto nulo es aquel que contiene cualquier tipo de alteración con respecto a un voto normal. Por ejemplo, un sobre con dos ó más papeletas o bien llevar marcas o tachones en las papeletas. Estos votos no son sumados a ningún partido ni tampoco al total de votos de la circunscripción. Por tanto, no se puede decir que favorezcan o beneficien a ningún partido. No obstante, su valor como voto de protesta suele ser ninguneado por los políticos e ignorado por la prensa. Pues se podría tratar de un mero error del votante.

La abstención es no ejercer el derecho al voto. Al no acudir a votar no hay votos que sumar a ningún partido ni al total, por lo que no afectan a los resultados. Si nos ponemos un poco idealistas y algo ingenuos quizá podríamos considerar que una muy alta abstención podría hacer pensar a la clase política que algo están haciendo mal, y esto les debería llevar a cambiar alguna cosa. No obstante, y más allá de la reserva moral del que no vota (el votante se desentiende de los desmanes que pudieran hacer los representantes políticos); no nos engañemos, las consecuencias políticas reales son muy difusas.
     Y una última acción posible, ingeniosa y atractiva, aunque no muy conocida, es votar a un partido peculiar llamado “Escaños en Blanco”. Tal partido se compromete a no tomar posesión de los escaños y dejar su silla vacía. El contribuyente se ahorra un sueldo y la opción de protesta se visualiza en los escaños vacíos.